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Táchira – 3:31 pm-. Al final de la tarde del martes fue aprobada en plenaria de la Asamblea Nacional, en su segunda discusión, la Ley de Seguridad social de los Cuerpos Policiales de Venezuela, a través de los cuales los funcionarios policiales en el país cuentan con un mecanismo legal que les garantiza un verdadero respaldo tanto para ellos como para sus familias sin importar si están  activos, jubilados, pensionados o incapacitados.

Franklin Duarte, parlamentario que trabajó en la comisión especial que condensó el articulado de este instrumento legal junto a un equipo de diputados y profesionales de distintas ramas para poder presentar un proyecto que fue ampliamente debatido en todos los estados del país a través de las consultas públicas, expresó que “se saldó una deuda pendiente con los funcionarios policiales del país, por cuanto en estos más de 18 años de revolución no se quiso nunca discutir sobre el tema, pese a haber sido propuesto en varias oportunidades”.

En este sentido señaló el parlamentario tachirense que no se justifica cómo después de 20, 30 y hasta 40 años de servicio, el funcionario policial que se retire o se vea obligado a retirarse por motivos de salud, pierde beneficios, como es el ticket de alimentación, lo cual es algo ilógico, por lo que hizo énfasis en que el artículo 27 de la ley garantiza el bono de alimentación para todos los funcionarios, tanto activos como jubilados o incapacitados.

Manifestó Duarte que el año pasado mil 600 funcionarios policiales se fueron de baja porque “el 70% prefiere cuidar carros en las calles y prestar servicio de vigilancia a empresas privadas que trabajar en las policías, porque además de los sueldos de miseria que devengan no tienen seguridad social que los respalde ni a ellos ni a sus familias; tenemos un déficit de 42% de pie de fuerza policial en Venezuela, y del 58% existente, el 28 % hace el papel de escoltas, llevan la prensa y los hijos de los funcionarios rojos al colegio, dejando solo el 30 por ciento cumpliendo su verdadera labor que no es otra sino velar por la seguridad de los venezolanos”.

Consideró Duarte que no se justifica una mora legislativa con la Ley de Seguridad Social del policía por parte de un gobierno que se dice ser del pueblo, pero eso solo muestra una vez más que este mal llamado socialismo del siglo XXI es militarista y no civilista, por lo que los funcionarios policiales y sus familias deben ahora ejercer la presión necesaria para que el presidente le dé ele ejecútese a la ley lo más pronto posible.

Agradeció a los funcionarios activos y jubilados que de manera desinteresada colaboraron con la elaboración de esta ley, “como el caso de los abogados Fernando Tarazona y Wolfang Romero del Táchira, quienes actuando de manera profesional, porque además son funcionarios policiales, hoy están siendo perseguidos por el gobernador del estado, y aunque tienen méritos de sobra para ascender, les niegan ese derecho en retaliación por el aporte que han venido haciendo en la elaboración de este instrumento legal”.

En este sentido aprovechó para hacerle un llamado a Nicolás Maduro y a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, recordándoles que “los policías tienen familia, son pueblo, son ciudadanos venezolanos y merecen una seguridad social. Rectifiquen y denle la ley que garantiza la seguridad social a los policías y sus familias”.

En el Táchira no hay policías

En su intervención durante la plenaria del martes, Franklin Duarte comentó el incidente ocurrido en la madrugada del martes, cuando aproximadamente 40 motorizados se metieron a la Universidad de Los Andes, núcleo Táchira, destruyeron portones, vehículos y causaron severos destrozos a las instalaciones de esa casa de estudios, y vigilantes y vecinos llamaron al 911 para reportar el incidente y la respuesta fue no había policías para cubrir esa emergencia”.

En este sentido detallo que el gobernador José Gregorio Vielma Mora anunció “con la alharaca acostumbrada la aplicación del decreto 511 del 30 de marzo de 2015, a través del cual se restringe la circulación de motocicletas en horas nocturnas, por lo que no se explica cómo un grupo de bandidos en motos atacan uno de los centros de estudios superiores más importante del estado y no haya existido ningún policía que haya visto lo ocurrido”.

Es lamentable que ahora, cuando a todas luces fueron colectivos manejados desde la gobernación del estado quienes vandalizaron la universidad, pretenda el gobernador lavarse las manos indicando que fue gente de la oposición, específicamente de los partidos de la MUD quienes realizaron la acción, cuando todo el mundo conoce quiénes están detrás de este ataque feroz en contra de la ULA.

Si fuesen ciertos los señalamientos del “pequeño gerente” del Táchira, el gobierno regional tendría que ser demasiado torpe e inepto como para no ver circular gran cantidad de motos en horas en que está prohibido hacerlo, luego recibir las llamadas por el número de emergencias y no hacer nada, como dando chance para que terminaran de hacer lo que se propusieron los malandros que llegaron a la universidad, y que sabemos son pagados por usted para hacer ese trabajo sucio, con esa actitud pareciera que en el Táchira no hay policías, y aunque no existe la cantidad ideal si los hay, así que no hubo excusa para no actuar”.

Por último indicó que responsabiliza a Vielma Mora y a la cúpula del Psuv en el Táchira de cualquier montaje o falso positivo que pretendan hacerle a dirigentes estudiantiles y políticos de la oposición en el estado, “porque eso es lo único, además del contrabando, que le apasiona  al gobernador, arremeter contra los estudiantes. La gente en la calle debe estar atenta para defender a los estudiantes y a los líderes políticos de los abusos de este régimen malandro que en mala hora llegó para empobrecer a un pueblo otrora floreciente”.

Nota de Prensa

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