EE.UU. – 3:57 pm-. Los integrantes del senado y expertos pidieron este jueves en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. que el Gobierno de Donald Trump presione a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) para aplicar la Carta Democrática a Venezuela, un proceso que podría llevar a su suspensión del ente.

La presión inició cuando el pasado martes los legisladores del senado de los Estados Unidos sancionaron al gobierno de Nicolás Maduro por considerar que atentan contra de sus propios ciudadanos

Parte del análisis que arrojó dicha decisión se basa en el apoyo que brinda el documento al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien ya había solicitado a los Estados miembros a tomar los pasos adicionales para afrontar la crisis que sufre Venezuela.

Durante la sesión el senador republicano por Florida Marco Rubio, jefe del subcomité de Asuntos Exteriores en el Hemisferio Occidental, agradeció los senadores de ambos partidos por apoyar la resolución que llama al gobierno venezolano a respetar los procesos democráticos y constitucionales

Por su parte, el senador demócrata por Illinois Dick Durban manifestó: “Venezuela se dirige a la catástrofe. Hemos presenciado largas filas, escasez, y inestabilidad social plagando el país, y aun así el gobierno de Maduro sigue ignorando los innumerables llamados para adherirse a las normas democráticas y el respeto por las libertades civiles”.

Lea la resolución completa

Considerando, el deterioro del ejercicio básico del gobierno y la crisis económica en Venezuela ha llevado a una situación humanitaria sin precedentes en que las personas sufren escasez severa de medicinas y productos alimenticios básicos;

Considerando, que más de 80% de los venezolanos sufren de la carencia de insumos y equipamiento básico para poder tratarse, incluyendo a los que requieren de tratamientos para enfermedades crónicas y cáncer así como antibióticos básicos, y 85% de las farmacias están en riesgo de bancarrota, según la Federación Venezolana de Farmacéuticos;

Considerando, que a pesar de la escasez masiva de productos alimenticios básicos y medicinas esenciales, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha rechazado en repetidas ocasiones pedidos de organizaciones de la sociedad civil de traer ayuda humanitaria al país;

Considerando, que el Fondo Monetario Internacional señaló que el producto interno bruto venezolano se contraerá 10% y la inflación excederá 700% en 2016 y se acelerará a más de 1.600% en 2017, el peor crecimiento y la peor inflación anticipada en el mundo;

Considerando, que la situación política, económica y de crisis humanitaria están impulsando las tensiones sociales que resultan en un mayor número de incidentes de inestabilidad pública, saqueos, violencia entre ciudadanos, y un éxodo de venezolanos al extranjero;

Considerando, que Caracas continúa teniendo la tasa de homicidios per capita más alta del mundo con 120 por cada 100.000 ciudadanos, de acuerdo con la oficina de drogas y crimen de la Organización de Naciones Unidas;

Considerando, que el deterioro del ejercicio del gobierno ha exacerbado la corrupción y que autoridades en cargos públicos se inmiscuyan en el tráfico de narcóticos ilícitos y actividades relacionadas al lavado de dinero;

Considerando, que el 1 de agosto de 2016, el general Nestor Reverol, actual ministro de Interior y ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, fue señalado en Estados Unidos por participar en el tráfico internacional de cocaína;

Considerando que el 18 de noviembre de 2016, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efrain Antonio Campo Flores, sobrinos del presidente Maduro y de la primera dama Cilia Flores, fueron sentenciados por un tribunal federal de Estados Unidos con los cargos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos;

Considerando, que grupos nacionales e internacionales de derechos humanos, tales como la organización venezolana Foro Penal, reconoce a más de 100 prisioneros políticos en Venezuela; incluyendo al líder opositor y ex alcalde de Chacao Leopoldo Lopez, a la jueza María Lourdes Afiuni, al alcalde metropolitano Antonio Ledezma, y al ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos;

Considerando, que la Constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela sirve como la base fundamental de los procesos políticos en Venezuela;

Considerando, que en diciembre de 2015, la ciudadanía venezolana eligió a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática con una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional unicameral, con 112 de los 167 escaños;

Considerando, que a finales de diciembre de 2015, la saliente Asamblea Nacional confirmó a los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia alineados con el gobierno de Maduro, y posteriormente, la corte bloqueó a cuatro legisladores incluyendo a tres de la oposición, de poder ocupar su escaño;

Considerando, que durante el primer año de la nueva legislatura, el Tribunal Supremo de Justicia ha invalidado repetidamente leyes aprobadas por la Asamblea Nacional democráticamente electa;

Considerando, que en 2016, el presidente Maduro utilizó decretos legislativos de emergencia para evadir a la Asamblea Nacional, que, además de las acciones de la Corte Suprema, ha visto severamente afectada al igual que los principios de separación de poderes en Venezuela;

Considerando, que en mayo de 2016, el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro presentó un reporte de 132 páginas en el que resaltaba las graves alteraciones del orden democrático en Venezuela e invocó el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana que llama al Consejo Permanente de la organización a “tomar acciones colectivas sobre la situación”;

Considerando, que a finales de octubre de 2016, tribunales regionales y el Consejo Nacional Electoral, que está conformado por aliados políticos del presidente Maduro, detuvieron los esfuerzos para realizar un referendo revocatorio, establecido en la Constitución, y por lo tanto negaron a los venezolanos la posibilidad de buscar una solución democrática a la crisis;

Considerando, que en noviembre de 2016, sectores de la oposición y el gobierno de Venezuela iniciaron un diálogo, facilitado por el Vaticano, en un esfuerzo de lograr una solución negociada a la situación política, económica, social y de crisis humanitaria;

El Senado estadounidense resuelve

1.- Expresa su profunda preocupación por la escasez generalizada de medicinas y productos alimenticios básicos que enfrentan los venezolanos, y urge al presidente Nicolás Maduro a que permita se entregue ayuda humanitaria;

2.- Llama al gobierno de Venezuela a que libere inmediatamente a todos los prisioneros políticos y a respetar la legislación humanitaria reconocida internacionalmente;

3.- Apoya los esfuerzos de un diálogo que lleve a respetar los mecanismos constitucionales de Venezuela y resuelva la situación política, económica, social y de crisis humanitaria;

4.- Reafirma su apoyo al secretario general Almagro en la invocación del Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y urge al Consejo Permanente de la organización, que representa a todos los Estados miembro, a realizar un análisis colectivo del desempeño constitucional y orden democrático en Venezuela;

5.- Llama al gobierno venezolano a asegurar la neutralidad y profesionalismo de las fuerzas de seguridad y respetar el derecho de los venezolanos a la libertad de expresión y de asamblea;

6.- Llama al gobierno de Venezuela a detener sus esfuerzos de limitar el principio de separación de poderes, y su intento de evadir a la legislatura democráticamente electa, y a la subyugación del Poder Judicial;

7.- Señala la urgencia de fortalecer el imperio de la ley e incrementar los esfuerzos para combatir la impunidad y la lucha contra la corrupción pública en Venezuela, que ha quebrado a un país rico en recursos, incrementado las tensiones sociales, y contribuido a elevar los niveles de criminalidad y violencia;

8.- Urge al presidente de Estados Unidos a proveer apoyo total a la Organización de Estados Americanos en favor de soluciones democráticas y constitucionales al impasse político, e instruye a las agencias federales apropiadas a que sancionen a los responsables por las violaciones de las leyes de Estados Unidos y a los que son violadores de los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Con información de El Nacional