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Caracas – 10:01 am-. La inmediata respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ante el pronunciamiento de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, fue ordenar el acuartelamiento de los militares. El movimiento no se hizo esperar. Se alarmó el Alto Mando Militar. “Nos acuartelaron por un lío con la Asamblea Nacional”, manifiesta un militar de bajo rango.

Le pregunto a un soldado si sabe lo que está sucediendo con las sentencias del TSJ y responde: “No, no nos han permitido revisar emails, facebook, ni twitter, las llamadas y mensajes de texto están controladas”.

Todos los días, después de cada formación de lista y parte, viene la reunión donde les hablan del imperio y de la defensa de la revolución. Cuando hay actos o eventos políticos, instalan autobuses frente al comando.

“Ahí está el bus para ir a la marcha –les dicen- nadie está obligado a ir, como tampoco los ascensos son obligados”.
Si de algo pueden estar seguros los venezolanos es que a toda la plana mayor del Gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) los agarró de sorpresa el que la jefa del Ministerio Público haya dicho que con las sentencias se rompió el hilo constitucional.

En la institución castrense los mensajes, comunicaciones, llamadas, radiogramas, etc fluyeron masivamente. No esperaban que la liebre saltara por la Fiscalía, aunque hace rato que el Gobierno viene percibiendo que Ortega se ha distanciado de varias medidas que violentan la Constitución Nacional.

Muchos generales mostraron nerviosismo. Otros manifestaron alarma. Aunque la Fiscal sólo haya dicho en alta voz lo que a escala internacional ya era un grito de rechazo a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le quitó el poder a la Asamblea Nacional y dejó sin inmunidad a los parlamentarios, lo que abría las puertas para la detención y enjuiciamiento de varios diputados, entre ellos Julio Borges, Henry Ramos Allup y Luis Florido, los primeros en la lista.

A escala nacional, la ola que corría es que en Venezuela se había ejecutado un golpe de Estado con lo que era más evidente: la eliminación de la Asamblea Nacional.

No obstante algunos jefes militares murmuraban entre sus compañeros de componente el mismo argumento que dijo el diputado Pedro Carreño y el hasta ahora reconocido como constitucionalista Hermann Escarrá: que las decisiones del TSJ se justificaban por el desacato en la cual estaba incursa la Asamblea Nacional.

Sebastiana Barráez – El Estímulo 

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